Incitará demandas, iniciativa de AMLO para reformar industria eléctrica 

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Ciudad de México



El ex jefe negociador del T-MEC de Peña Nieto anticipó una carambola de tres bandas


El presidente López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de carácter preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la reforma energética, con lo que busca dar prioridad a la que produce el estado a través de Comisión Federal de Electricidad (CFE).
 

"La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a los compromisos de México en Tratado comercial con Canadá y Estados Unidos y demás tratados, y atenta en contra de la competencia en el sector eléctrico", afirmó Kenneth Smith Ramos, quien fuera parte del grupo negociador del TMEC.
 

Además de que causaría estragos al medio ambiente, pidió recapacitar y evitar una carambola de tres bandas, añadió.
 

"Nuestros socios comerciales seguramente usarán los mecanismos de solución de disputas del TMEC, además de que las empresas afectadas pueden iniciar casos de inversionista-estado en contra de México. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en posibles represalias", agregó el economista.
 
Sentara un "precedente peligroso" para las inversiones en el país al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y va en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración de Peña Nieto, añadieron.
 

El diputado Ignacio Mier Velazco defendió la iniciativa de AMLO pues "está de por medio el rescate de una empresa tan importante para nuestro país como es la Comisión Federal de Electricidad".
 
 
"Lo que nosotros queremos no es atentar contra la inversión, simplemente intervenir en esta reforma y lo vamos a hacer en apego a la ley", dijo.
 

"Es falso que en los transitorios estén atentados contra la inversión. Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia", agregó el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
 

Reforma a la Ley eléctrica costará 20 mil millones de dólares 
La reforma a la ley de la Industria Eléctrica que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un costo de casi 20,000 millones de dólares al Estado mexicano, pues es el monto al que ascienden inversiones comprometidas en proyectos eléctricos bajo la legislación vigente y que habría que indemnizar pues su rentabilidad sería mermada o diluida por el cambio en las reglas del juego para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 

Según Víctor Ramírez Cabrera, de la Plataforma México Clima y Energía, el costo por los ingresos esperados por las inversiones únicamente del equivalente al 90% de la infraestructura ya contratada por la CFE en las tres subastas de largo plazo que se realizaron el sexenio pasado, asciende a 16,783 millones de dólares.
 

Pero esta suma se elevaría a 18,313 millones de dólares si los contratistas solicitan también la indemnización por la energía excedente que no contrataron con la CFE y que como establecieron las reglas de las subastas, dejó lista para participar en el mercado de corto y mediano plazo comercializando con otros compradores distintos a la CFE. 
 

Además, hay otros proyectos de inversión que los contratos legados anteriores del régimen previo a la reforma permitieron elaborar cálculos y buscar financiamientos a las empresas de generación de energía, y si llegan a dejarla ociosa, buscarán ser indemnizados o iniciarán juicios en tribunales internacionales.
 

La reforma a la ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo mexicano significaría violaría los compromisos de este país en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors.
 

Ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula "ratchet" (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente.
 

Ello lleva a una liberalización constante, con consolidaciones continuas en diversos sectores.
 

Pero incluso al margen de ello, la misma protección está vigente en distintos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), varios de ellos entre México y países europeos.

Dorantes especificó que en el Capítulo de Energía del TIPAT, firmado en febrero del 2016, México se comprometió a mantener el nivel de apertura que estaba en ese momento vigente. "Esto implicó una fotografía a la reforma energética de México", comentó Dorantes, en referencia a que el TIPAT reprodujo los compromisos de la legislación mexicana.
 

Del mismo modo, en capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados del T-MEC se impide dar un trato favorable a este tipo de compañías, una disposición que se negoció sobre todo con la intención dirigirse a naciones como Malasia y Vietnam.
 

En este acuerdo se estipula que cualquier ventaja interna relacionada con el comercio internacional y las inversiones se debe extender a Estados Unidos y Canadá.
 

Dorantes destacó que, si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias Inversionista-Estado, en cuyos casos si México pierde tendría que compensar a las compañías afectadas. Pero más grave aún, si se levantan paneles Estado-Estado y perdiera México, los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias.
 

Amenazas legales
Además de sorpresiva, la iniciativa para reformar la ley de la Industria Eléctrica adolece de diferentes debilidades legales, entre las cuales, el CCE lista:

-Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de violar la garantía a la libre competencia y concurrencia.

-Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles y arbitrajes.

-Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas, por lo que implicará indemnizaciones del Estado.

-Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos.

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